Los trabajadores desplazados

El CESE considera el desplazamiento de trabajadores como un tema emblemático respecto a la necesidad de renovar el proyecto europeo, que debe retomar su objetivo de armonización de los niveles de vida y de protección social.

Sin cuestionar el principio de libertad de prestación de servicios, el CESE, constata que la deficiencia en los controles del ejercicio de esta libertad conduce a un debilitamiento de la protección de los trabajadores (ya sean trabajadores residentes o trabajadores desplazados), a una competencia desleal entre las empresas y a una cooperación deficiente entre los Estados miembros. Tal desequilibrio puede ser percibido como un síntoma de las dificultades que encuentran los Estados miembros para garantizar la convergencia de sus economías dentro de una perspectiva de progreso social.

 

La concesión a los Estados de acogida, mediante una directiva de ejecución de 2014, de márgenes de maniobra suplementarios para realizar los controles, está lejos de solucionar el problema del desplazamiento. Los desequilibrios asociados a esta práctica en los mercados laborales de los países europeos surgen de las lagunas y de la poca coherencia de la legislación europea.

 

A nivel europeo, las perspectivas de reformas relativas al desplazamiento de trabajadores pueden tomar dos caminos que no se excluyen mutuamente. La revisión de la directiva fuente, que ha dejado insatisfechos a varios Estados miembros, ha sido recientemente relanzada por la iniciativa común de siete ministros de trabajo y del empleo de la Unión europea, que se han dirigido a la comisaria europea encargada del empleo, los asuntos sociales, las competencias y la movilidad de los trabajadores. El CESE considera que esta opción es prioritaria. Pero, independientemente de esta iniciativa, se destaca la importancia de consolidar los regímenes jurídicos del desplazamiento de  trabajadores, actualmente divididos entre el derecho laboral y el derecho de seguridad social europeos.

 

A escala nacional, lo que todavía puede hacerse de manera autónoma para mejorar las condiciones de desplazamiento concierne la organización de los sistemas de información y de control. También se debe reforzar la implicación de los interlocutores sociales y de los actores económicos en el tema de la prevención de abusos y fraudes. Algunas de las siguientes recomendaciones se inscriben dentro de las acciones mencionadas. Luego de las medidas legislativas adoptadas desde hace un año, buscan responder a las expectativas de los actores económicos y sociales (organizaciones patronales y organizaciones sindicales) que se han movilizado en los sectores de actividad más o menos afectados para denunciar las condiciones de competencia particularmente desleales, las estrategias de «optimización» social, la destrucción de empleos y la pérdida de competencias resultantes.