Proyecto de plan nacional de las infraestructuras del transporte (snit)

El Foro de Grenelle del medio ambiente y la ley conocida como “Grenelle I” prevén la elaboración de un plan nacional de infraestructuras del transporte (SNIT). El gobierno sometió el proyecto del SNIT al CESE antes de su presentación al Parlamento.
Este plan establece las directrices para el Estado con una perspectiva a 20/30 años para el desarrollo, modernización y mantenimiento de las redes de infraestructuras de su competencia, reduciendo su impacto sobre el medio ambiente a la vez que favorece el desarrollo económico. En él se especifican los proyectos del Estado para apoyar a las autoridades en el desarrollo de sus infraestructuras.
Los costes de las acciones y proyectos propuestos se estima en 105.000 millones de € para optimizar lo ya existente y en 140.000 millones de € para desarrollar las infraestructuras. El reparto modal de estos 245.000 millones de € sería el siguiente: ferroviario 71 %, fluvial 9 %, portuario 2 %, vial 17 %, aéreo 1 %. Mediante la adición de 47 mil millones € de los proyectos urbanos de transporte público para los que está previsto el apoyo del Estado (con excepción del “Gran París”), la distribución de los gastos estimados sería alrededor del 33% por parte del Estado, del 32% a cargo de las autoridades locales y del 34% por otros colaboradores (especialmente operadores del Estado).
El SNIT establece una ruptura positiva mediante la asociación en un único documento de acciones para optimizar las infraestructuras existentes y de proyectos de desarrollo, la inscripción a largo plazo, la concertación, la toma en consideración del medio ambiente, la ambición manifestada de reequilibrio a favor de alternativas multimodales a la carretera y al avión.
Aunque éste también presenta sus limitaciones y márgenes de mejora. La inflexión es todavía insuficiente para un proyecto con vencimiento a 25/30 años, cerca de la fecha de 2050 fijada para alcanzar el “factor 4” de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, el gasto que resultaría de la aplicación integral del Plan supera los recursos movilizados hasta la fecha para la política estatal en materia de infraestructuras de transporte. Lo que conlleva que la realización de los proyectos dependa en gran medida de las aportaciones financieras de las colectividades territoriales.